La Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro emitió un comunicado oficial para responder a una denuncia vinculada a un inmueble destinado a un proyecto de viviendas sociales, asegurando que la presentación carece de fundamento y que el procedimiento se realizó dentro del marco legal y con total transparencia.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la iniciativa tiene como objetivo dar respuesta habitacional a 36 familias de San Francisco del Monte de Oro, y remarcaron que todas las actuaciones se llevaron adelante respetando la normativa vigente. En ese sentido, indicaron que el proceso se ajustó a lo establecido por las leyes nacionales 21.477 y 24.320, e incluso se adoptaron medidas adicionales para garantizar la seguridad jurídica.

El Municipio destacó además que no existieron acciones ocultas ni decisiones por fuera de los canales institucionales. Según detallaron, la ordenanza correspondiente fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, posteriormente publicada en el Boletín Oficial y acompañada por las instancias administrativas previstas, incluyendo el plazo legal para que terceros pudieran presentar reclamos en caso de considerarlo necesario.

En la misma línea, subrayaron que toda la documentación vinculada al expediente estuvo siempre disponible para consulta pública, y anunciaron que los antecedentes de la propiedad y el trámite administrativo serán nuevamente puestos a disposición en Mesa de Entrada para quienes deseen acceder a ellos.

El comunicado también hace referencia a la sensibilidad del tema y a la necesidad de extremar recaudos, especialmente en función de antecedentes que obligan a reforzar los niveles de transparencia. Por ello, desde la gestión afirmaron haber cumplido con cada uno de los pasos legales e incluso haber implementado medidas adicionales para resguardar derechos.

Finalmente, las autoridades municipales insistieron en que la prioridad es avanzar con soluciones concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda, y advirtieron que no permitirán que denuncias sin sustento afecten el desarrollo de políticas públicas orientadas a los sectores más necesitados.

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