Así lo determinó el ministerio de Educación, a partir de intervenciones articuladas entre las instituciones educativas, el ministerio de Seguridad y el ministerio Público Fiscal. Los 34 jóvenes fueron sancionados con la pérdida del beneficio, tras haber emitido amenazas que instalaron miedo social.
La medida fue tomada por el ministerio de Educación junto a Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.
En primer lugar, es preciso destacar que las amenazas o intimidaciones públicas constituyen delitos y fueron denunciadas ante la Justicia penal. Asimismo, los padres o responsables legales pueden afrontar consecuencias en el ámbito contravencional por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos. En este sentido, se recomienda a madres, padres y tutores dialogar con ellos sobre el uso responsable de la información y las implicancias de este tipo de conductas.
A su vez, los directivos de escuelas públicas y privadas de todo el territorio provincial, ante este tipo de casos recurren a la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (GUIARSE) que se encuentra en el sitio web y que contempla más de 70 protocolos que permiten actuar con rapidez para proteger a los alumnos y a toda la comunidad escolar.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal continúa trabajando de forma articulada con Educación y Seguridad en la investigación de situaciones similares registradas en otras instituciones educativas de la provincia.
Además, la cartera educativa pone a disposición herramientas de capacitación y acompañamiento para la prevención y el abordaje de estas problemáticas. Las acciones son desarrolladas por el equipo profesional de la subdirección de Bienestar Escolar, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover entornos escolares seguros.
